ASPES-CL, Asociación de Profesores de Castilla y León, exige a los responsables de educación que se cumpla la normativa.

Las condiciones laborales para el profesorado de Formación Profesional durante el presente curso académico deben ser las mismas que para el resto del profesorado de Enseñanzas Medias..

Con el Decreto-ley 1/2023, de 30 de marzo, se establece la jornada de trabajo de los empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
En cuanto a la jornada laboral del personal docente en centros públicos no universitarios, se prevé para el presente curso académico la equiparación de la jornada laboral de los profesores de Formación Profesional con los profesores de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

La Asamblea de la Asociación de Profesores de Enseñanza Secundaria de Castilla y León, ASPES-CL, reelige como Presidente a Cristina Fernández Sayalero.

La Asamblea de la Asociación de Profesores de Enseñanza Secundaria de Castilla y León (ASPES-CL), en sesión celebrada el pasado sábado 22 de abril en la sede de Valladolid, ha elegido al equipo que durante los cuatro próximos años estará al frente del sindicato representativo de los docentes de Enseñanzas Medias. La elección, para la que habían sido convocados todos los afiliados de la región, comenzó con la presentación de la candidatura y una breve intervención de cada uno de sus miembros en la que resumieron las líneas a seguir de sus correspondientes Secretarías. Finalmente, tras la preceptiva votación, la candidatura encabezada por Cristina Fernández Sayalero obtuvo más del 99% de los votos de los afiliados presentes, lo que le permite continuar desempeñando el cargo de Presidente.

ASPES-CL rechaza el modo en que se está implantando la LOMLOE

Con motivo de la implantación de la nueva ley educativa LOMLOE, desde la Asociación de Profesores ASPES-CL queremos manifestar nuestra opinión negativa y de rechazo hacia las consecuencias perniciosas que la puesta en marcha de esta nueva ley vierte sobre el profesorado.

Es absolutamente necesario que las autoridades educativas, tanto estatales como autonómicas, lleven a cabo un profundo ejercicio de reflexión sobre el estado de frustración y desánimo que la forma de introducir esta ley está provocando entre el profesorado, dado que tanto el marco general de la ley -lanzado desde el gobierno central- como el desarrollo de la misma a través del decreto autonómico, han sido literalmente arrojados al profesorado en forma de objeto extraño y sin “manual de instrucciones”. En esa situación, el conjunto del profesorado se ha visto superado por una suerte de arcano educativo envuelto en una verborrea de desciframiento imposible y sin ayuda alguna para desentrañar la realidad que dicha ley encierra.

Desde el punto de vista de su gestación, la Ley -que entró en vigor en enero del pasado año, y que no alcanzará su pleno desarrollo hasta la finalización del curso 2023-2024-, al igual que sucedió con las siete leyes educativas anteriores desde 1980, adolece del elemento más necesario e imprescindible para garantizar un buen funcionamiento: el consenso. Entendemos que ignorando la opinión de una amplia mayoría del profesorado, es decir, de los verdaderos especialistas en la práctica docente, los errores anteriores y las dificultades acumuladas a lo largo del tiempo no hacen sino perpetuarse. 

El “café para nadie” de los procesos de estabilización de interinos

Ya ha llovido desde que la Comisión Europea apercibió a España por su elevadísima tasa de temporalidad en el empleo de las Administraciones Públicas. Corría el año 2005 y Bruselas, con el horizonte puesto en la cifra mágica del 8 % de interinidad, exigió medidas urgentes para la consecución de este objetivo en el 2012. En el ámbito educativo, y en concreto para las enseñanzas medias, 2008 y 2010 se conocen como los “años del transitorio”, un sistema que facilitaría el ingreso en la función pública docente a un buen número de interinos.

Sin embargo, la adopción de políticas austeras y medidas de consolidación fiscal tras el embate de la crisis económica devolvió a España a la casilla de salida en cuanto a cotas inasumibles de temporalidad en el empleo público. La nueva solución presentada a Europa para la ocasión pasa exclusivamente por unos procesos de estabilización de interinos durante el trienio 2022-2024, con el gobierno central como ente coordinador de éstos a nivel nacional. Se habilitan por tanto, dos sistemas de ingreso: el concurso excepcional de méritos y el concurso-oposición modificado, en el que la fase de concurso representa un 40 % de la puntuación total, si bien es cierto que, a ultimísima hora la oferta de plazas prevista sufrió un “tijeretazo” a instancias del Consejo de Estado, órgano de carácter consultivo al que el Ministerio de Educación y Formación Profesional hará caso, manteniendo el concurso-oposición ordinario en simultaneidad con los anteriores.